Congelada por el momento
Paralizada la polémica ley de inmigración de Texas
Poco después de que el Tribunal Supremo aprobara la controvertida ley de inmigración de Texas, un tribunal de apelaciones estadounidense la ha vuelto a dejar en suspenso. La ley pretende otorgar a las autoridades de Texas amplios poderes en la frontera con México que de otro modo están reservados a las autoridades federales.
Permitiría a los agentes de policía de Texas detener a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera de México a Estados Unidos. Los tribunales tejanos también estarían autorizados a ordenar deportaciones e imponer penas de prisión de larga duración por cruzar repetidamente la frontera.
El miércoles se verá una nueva demanda
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones atenderá el miércoles un recurso de Texas para restablecer la ley por el momento, informaron los medios de comunicación estadounidenses.
El Departamento de Justicia considera que se está extralimitando en sus funciones
La ley ha sido controvertida durante mucho tiempo. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, la firmó en diciembre. Tras un largo tira y afloja legal, el Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó finalmente ante el Tribunal Supremo que el estado del sur de EE.UU. se estaba extralimitando en sus competencias con el proyecto, lo que provocó un retraso.
Con la decisión del Tribunal Supremo el martes, la ley pudo entrar en vigor por el momento, hasta que el Tribunal de Apelación volvió a detenerla por el momento. Según los medios de comunicación estadounidenses, al principio no estaba claro si entretanto ya se había producido alguna detención.
El Departamento de Justicia y las ONG demandan
El tema de la inmigración está desempeñando un papel importante en la campaña electoral presidencial estadounidense. Es probable que las últimas decisiones en torno a la ley aviven aún más el debate sobre la política migratoria estadounidense. La disputa legal en torno a la ley entra ahora en la siguiente ronda. Las demandas presentadas por el Departamento de Justicia y varias organizaciones de derechos humanos y civiles todavía tienen que pasar por los tribunales.
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